La decisión se adoptó en una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda donde se avaló el texto aprobado en el Senado que está plasmado en un despacho que obtuvo 24 firmas aportadas por el Frente de Todos, Frente de la Concordia y Juntos por Rio Negro, y Córdoba Federal.
Un plenario de una comisión de la Cámara de Diputados emitió dictamen a favor del Consenso Fiscal firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y 21 provincias administradas por el oficialismo y la oposición, cuyo objetivo es buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país, con lo cual quedó habilitado para ser tratado en la próxima sesión del cuerpo legislativo.
Los diputados radicales que responden a los mandatarios de Jujuy Gerardo Morales, de Mendoza Rodolfo Súarez, y de Corrientes Gustavo Valdes no firmaron el despacho, aunque dejaron trascender que respaldarán el proyecto como sucedió en el Senado.
El grueso de Juntos por el Cambio se opone al dictamen y presentó uno de minoría con 20 firmas aportadas por el macrismo, la Coalición Cívica y Evolución Radical y varios radicales, lo cual deja expuesta las diferencias que existen en la coalición opositora sobre el consenso firmado en diciembre por Fernández que fue suscripto por tres mandatarios provinciales de la UCR.
Las únicas jurisdicciones que no adhirieron fueron San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta.
De esta manera, se anticipa que el acuerdo celebrado entre el presidente Fernández y 21 gobernadores del oficialismo y de la oposición se aprobará sin dificultades en el recinto de sesiones debido a que los respaldados cosechados garantizan una mayoría superior a 129 votos.
El apoyo de los opositores es crucial para el oficialismo para sancionar este proyecto ya que el Frente de Todos tiene 117 votos con lo cual requiere de una docena de votos para asegurarse la mayoría lo cual ya lo superaría con los cuatro legisladores de Provincias Unidas, uno del MPN, ocho del interbloque Federal, tres de Córdoba, los 2 legisladores de Jujuy y 2 de Corrientes y 3 de Mendoza.
Al abrir el debate, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, dijo que el nuevo consenso fiscal “no es un vía libre vía para aumentar los impuestos sino ha sido coordinado y firmado con la representación del Presidente y gobernadores de diferente signos políticos que ya cuenta con la sanción y yo propongo que firmemos el dictamen y lo podamos convertir en ley”.
Casaretto agregó que “ingresos brutos se establecen parámetros técnicos en cuanto a la administración del impuesto y se ponen ciertas alícuotas máximas que las provincias no pueden superar cuando hagan sus leyes a nivel provincial”.
Desde la oposición al acuerdo, la macrista Laura Rodríguez Machado señaló que “el Estado Nacional les permitirá a los gobernadores de las provincias que logren una solución financiera, a costa de aumentar los impuestos. O sea, una vez más, será el ciudadano quien paga”.
Rodríguez subrayó que “el kirchnerismo generó niveles récord de presión tributaria para financiar el descontrolado gasto público nacional. Lo hacen con emisión, inflación y presión tributaria. Son los reyes de la presión fiscal, que tienen hoy el objetivo de castigar a los sectores competitivos, que generan empleo y trabajo en la Argentina”.
Por su parte, el diputado del FDT Eduardo Fernández dijo que “este Consenso Fiscal es federal, respeta la autonomía, y tratar de atribuirle direccionalidad fiscal habla por lo menos peyorativamente de las autonomías provinciales, sus legislaturas y sus gobernadores”.
El diputado radical y ex juez Fernando Carbajal señaló que este consenso está “removiendo los obstáculos para subir impuestos pero confió en la responsabilidad que tendrán los mandatarios” al tiempo que señaló que “no corresponde, desde el punto de vista constitucional, que el Congreso permita indicar caminos tributarios a las políticas de las provincias. Es una intromisión meterse en este tema”.
A su vez, el radical Miguel Bazze coincidió en que “este instrumento lo que hace es ratificar la potestad de las provincias para tomar determinadas decisiones, pero hoy hay una presión tributaria e impositiva que agobia a gran parte de la sociedad y es un problema muy serio”.
En tanto, el diputado de Juntos por Rio Negro, Agustín Domingo, señaló que “no se está aprobando impuestos provinciales porque acá lo que se está ratificando son los acuerdos que hizo el Poder Ejecutivo con los gobernadores” y dijo que entre los logros de estos entendimientos “es para armonizar los sistemas de recaudación” entre la Nación y las provincias.
Por su parte, el diputado del Frente de la Concordia, Diego Sartori, rechazó las criticas de la oposición y señaló que “cuando se deba discutir la baja de impuestos se dé la mejor discusión en el Congreso, pero en un país con igualdad de oportunidades y crecimiento sostenido vinculados con un federalismo en serio”.
La iniciativa en la Cámara alta obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención, manifestada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, cuya provincia firmó el pacto.
El acuerdo federal busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.
Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.
El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
También contiene un capítulo denominado “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de “responsabilidad fiscal” fija que “la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB”, entre otras cuestiones.